2010-04-21 El Plan De Ordenamiento De Bosques Nativos Fue Anulado Por El Superior Tribunal De Justicia
La Fundación Reserva del Iberá celebró el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes que confirmó la nulidad del Decreto 1439/09 que el ex Gobernador Arturo Colombi empleó para aprobar lo que la entidad correntina consideró “Un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos viciado y que atendía a intereses particulares”.
El Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos que el ejecutivo provincial correntino había aprobado por Decreto fue por segunda vez anulado por la Justicia al considerarse “inconstitucional”. En primera instancia había sido el Juez Gustavo Rene Bufill quién dio lugar a un Recurso de Amparo presentado por la Fundación Iberá.
La medida había sido apelada por el ejecutivo provincial, ante el Superior Tribunal de Justicia, en un –ahora fallido– intento por restituir el polémico Decreto, que a criterio de la Fundación y otras 23 organizaciones de la provincia y del país, “No respondía al estado de derecho, no había sido construido con la participación de los actores interesados, no tenía adecuados fundamentos técnicos y hasta había desoído a los integrantes de las prestigiosas instituciones convocadas en su confección, como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el IBONE (Instituto de Botánica del Nordeste) y el CECOAL (Centro de Ecología Aplicada del Litoral)”.
En un fallo contundente, unánime y ejemplar del Superior Tribunal, el decreto fue definitivamente anulado por inconstitucional.
El fallo incorporó importantes consideraciones de la máxima instancia correntina de la justicia, acerca de la necesidad de sostener los principios de los “presupuestos mínimos” de la Ley Nacional de Protección de los Bosques. “Una instancia provincial de reglamentación de una ley nacional de presupuestos mínimos, jamás puede ir por debajo de lo que esta propone, a lo sumo debe mantener el piso. En este caso, se trata de un piso de protección de los bosques nativos más valiosos”, explicó el Presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour.
Para la Fundación correntina este Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes estuvo, desde un principio, viciado para favorecer los intereses de un grupo de poderosas empresas arroceras que pretenden levantar un dique sobre el Arroyo Ayuí Grande, destruyendo justamente valiosos bosques en galería. “Necesitaban que esa zona quedara pintada de verde, y las oficinas de recursos forestales se encargaron sospechosamente de conformarlas, desatendiendo los criterios científicos de técnicos y académicos”, abundó Lacour.
La discusión de los Bosques Nativos está ahora en manos de los diputados provinciales. Para el constitucionalista Daniel Sabsay, Presidente de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), una de las organizaciones que acompañó a la Fundación Iberá en su reclamo, “Las cámaras de legisladores son el ámbito adecuado para establecer los criterios locales para instrumentar esta ley de presupuestos mínimos para conservar los bosques en beneficio de toda la sociedad”.
El tema se analiza minuciosamente en la Comisión de Ecología, presidida por la Diputada María Fagetti. “Buscaremos escuchar a todos los sectores, e investigar en profundidad el criterio de los técnicos y científicos, que parece haberse diluido en el anteproyecto”, explicó la legisladora.
Para la Fundación Iberá, el vergonzoso episodio de aprobación de aquel decreto entre gallos y medianoche, y sin el consenso necesario, no fue más que una maniobra para aprobar una represa ilegal en el Arroyo Ayuí. “Esto quedó demostrado a las pocas horas de firmado el decreto, cuando en su último día de mandato, Arturo Colombi firmó otro de aprobación para la Megarepresa”, denunciaron desde la Fundación.
Con el fallo del Tribunal todo queda ahora congelado, y tanto el Decreto de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la represa, como la Audiencia Pública que también había sido convocada de manera ahora probadamente ilegítima (pues se basada en el Decreto anulado por la justicia), quedan sin efecto.
Por su parte, desde la Fundación Iberá, hicieron hincapié en la confusión imperante respecto de los alcances de la Ley: “Se le dice a la gente común que no podrá producir, que no podrán cortar leña… Pero todo esto forma parte de una maniobra para usar la angustia de los productores y el empresariado, y apurar así un plan de ordenamiento en beneficio de pocos”, concluyó la organización en su comunicado.
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